Jueves 14 de septiembre de 2017, 06:41

Los autores de las amenazas de bomba a las escuelas serán detenidos 

Lo que ya viene siendo una conducta repetitiva en las últimas semanas se produjo otra vez en la mañana de ayer. En las ex escuelas Normal y Nacional y las secundarias 20, 17 y  en la primaria 18,

personal policial y de Bomberos debió evacuar al alumnado ante nuevas amenazas de bomba.

Centenares de adolescentes debieron interrumpir sus clases para que los efectivos realicen los controles de protocolo.

Entre las 8.30 y las 11.30, se registraron al menos cinco nuevas amenazas de bombas en establecimientos educativos de la ciudad, en distintos barrios, ya no solamente en escuelas ubicadas en la zona céntrica. Las escuelas amenazadas fueron en la Secundaria 20, que funciona en el edificio de la Escuela Primaria 21 en el barrio La Celeste; las ex escuelas Normal y Nacional, la Escuela Secundaria 17, que funciona en el edificio de la Escuela 22 pero sobre calle Frías, y en el edificio de la Escuela 18 en el barrio Belgrano.

Todos los establecimientos fueron evacuados, incluyendo el Jardín de Infantes 918, que funciona detrás de la Escuela Normal. Mientras tanto, efectivos de la División Explosivos realizaron la inspección ocular hasta constatar la normalidad y la inexistencia de cualquier artefacto.

En la ciudad ya son más de 15 los casos registrados los últimos días, algunas con llamadas a los colegios y otros al 911. La situación que se da en Junín también comenzó a ser noticia en otros distritos de la provincia en los últimos días.

 

Investigación. En diálogo con La Verdad, el fiscal federal Eduardo Varas manifestó que “estas amenazas están encuadradas bajo el delito de “Intimidación Pública” y estamos en plena investigación, esto lleva un tiempo. La información que tenemos por supuesto que es secreto de sumario pero estamos trabajando para identificar a los titulares de los teléfonos de donde se efectuaron las llamadas de amenaza. Una vez que los identifiquemos, se llamarán a indagatoria y se procederá, en caso de ser necesario, a la detención de la persona”.

 

¿Cómo se investigan las amenazas? Los llamados intimidatorios en los colegios están tipificados en el Código Penal bajo el delito de intimidación pública. Por ese motivo, cada vez que hay una amenaza, se abre una investigación en una fiscalía y se le adjudica a un Juzgado: es decir, se activa la máquina judicial para identificar él o los autores.

En muchos casos, las amenazas son realizadas al 911, por lo que la Fiscalía requiere a la Provincia la información del número remitente para poder rastrear la autoría del delito.  Si la llamada fue realizada directamente al colegio, los investigadores deben requerir la información a la empresa prestadora del servicio telefónico, lo que también lleva un tiempo considerable.

Una vez que los fiscales cuentan con la información, deben empezar a analizar a quién pertenece, si fue realizado desde una línea fija o de celular, si fue de un teléfono público, de un locutorio, etc.