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Junín. Miércoles 23 de abril de 2014
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PROVINCIALES
RESOLUCIÓN DE LA CORTE
Suspendieron la ley que endurece las excarcelaciones
La Suprema Corte de Justicia bonaerense suspendió la aplicación de la polémica ley impulsada por el sciolismo y que endurece las condiciones de excarcelaciones, y el Gobierno bonaerense se quejó al considerar que la norma había sido "votada por la Legislatura".
27 de febrero de 2013
La Suprema Corte de Justicia bonaerense suspendió la aplicación de la polémica ley impulsada por el sciolismo y que endurece las condiciones de excarcelaciones, y el Gobierno bonaerense se quejó al considerar que la norma había sido "votada por la Legislatura".

La ley, aprobada con apoyo kirchnerista a fin del año pasado y que regía desde el 8 de febrero fue uno de los estandartes de Daniel Scioli en su lucha contra el delito, pero generó un fuerte rechazo opositor. Sin embargo, ahora encontró un duro freno en esta medida cautelar adversa de la Corte –seis votos a favor y una ausencia-, que si bien no resuelve la posible inconstitucionalidad de la norma, sí la frena para su aplicación.

La iniciativa reformó el Código Procesal Penal y limitó las excarcelaciones en tres casos: cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos que los imputados estén gozando ya de una excarcelación anterior.

No obstante, organismos de derechos humanos y defensores públicos de la provincia de Buenos Aires solicitaron a la Suprema Corte que se declare inconstitucional la ley, cuestionando la reforma al considerar que viola la Constitución Provincial y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSBA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables porque eso implica atribuirse funciones judiciales", denunciaron. Y destacaron en su demanda la preocupación que genera el impacto que esa reforma procesal "tendría en el nivel de población carcelaria" y "sobre el ámbito de libertades públicas de niños y adolescentes eventualmente procesados".

Justamente en su fallo de hoy, la Corte provincial justifica la medida cautelar al "considerar que sus disposiciones, prima facie, resultan contrarias a derechos y garantías reconocidos por las constituciones de la Nación y la Provincia y diversos tratados internacionales de rango constitucional".

En el fallo conocido hoy, los magistrados trataron de ser cautos al aclarar cada punto del dictamen y establecer que no se expedirán sobre la constitucionalidad o no de la norma. La decisión de esta cautelar "se basa en que la ley, al agravar las condiciones bajo las cuales los jueces pueden privar del derecho a la excarcelación a los imputados antes del dictado del fallo final de la causa, no se adecua a los estándares internacionales sobre el punto que han sido tenidos en cuenta por la Corte de Nación en el conocido precedente 'Verbitsky' para cuestionar el excesivo uso de la prisión preventiva en el ámbito de la provincia de Buenos Aires".

QUEJAS

El Gobierno bonaerense se quejó por el fallo de la Suprema Corte, y bregó porque el máximo tribunal se pronuncie rápidamente sobre la cuestión de fondo.

Tras conocer el fallo del máximo tribunal bonaerense, el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, señaló que "vamos a notificarnos rápidamente de la demanda para que la Corte se pronuncie como sentencia final".

En declaraciones al portal BA Noticias, Casal sostuvo que el Gobierno bonaerense "respeta la independencia de los poderes y la potestad que tiene la Suprema Corte", pero aseguró que la medida cautelar "suspende la aplicación de una ley que ha sido votada por la Legislatura".

Fuentes del Ejecutivo indicaron que la Provincia espera que la Corte resuelva de manera expeditiva la cuestión de fondo, pero confió en un fallo favorable, al sostener que la ley fue acompañada por la mayoría de ambas cámaras.

Casal, por su parte, señaló que la norma "no ha podido entrar en funcionamiento y que responde sin duda al enorme reclamo social de poder desarmar a los delincuentes porque la propia Corte lo ha informado en sus estadísticas, en la Provincia creció el delito de robo con armas un 21 por ciento". En ese sentido, el funcionario argumentó que la normativa "era una herramienta legal para resolver esto".